La carta enviada por la empresa Leolabs Argentina SRL al gobernador Gustavo Melella y que parcialmente difundió el propio gobierno de la provincia a través de una gacetilla oficial, abren una serie de interrogantes y dejan en evidencia contradicciones tanto de la compañía de socios británicos responsable de la instalación de un radar en proximidades de Tolhuin, como de las autoridades provinciales que no dejan de eludir responsabilidades propias en torno al asunto.

En principio, la empresa anunció en su misiva que retirará "ciertas partes electrónicas" del radar emplazado en la estancia “El Relincho”, que pedirá la suspensión del suministro eléctrico en el predio y que cambiará su conformación societaria.

Ahora bien, Leolabs no aclara qué partes electrónicas retirará del radar y por qué motivo. Porque si como la empresa argumenta, el dispositivo se encuentra “inactivo desde el 26 de junio”, ¿para qué quitar ahora "ciertas partes electrónicas"? El retiro de esas partes pareciera ser entonces la confirmación implícita de que, así como está, el equipo puede emitir o recibir algún tipo de señal.

Por otra parte, la firma insiste en que el grupo empresario es de origen estadounidense y no británico. Más allá de que no aporta un solo elemento de prueba sobre esa afirmación, anuncia que cambiará su conformación societaria en Argentina.

Cabe preguntarse entonces: ¿Para qué hacerlo si no existen dudas sobre la procedencia de la empresa? Modificar la sociedad es también aceptar que la conformación actual puso en evidencia su origen británico, en al menos alguno de sus componentes societarios.

En relación a los argumentos de Leolabs para sostener que el radar no tiene capacidades técnicas para uso militar, la verdad, habría que decir que parecen escritos por un estudiante de escuela secundaria.

Sin ningún rigor ni vocabulario ni evidencias respaldatorias, dan la sensación de no estar a la altura de los representantes de una multinacional que proporciona servicios militares a varios Estados del mundo, como es fácil comprobar con una rápida búsqueda en sitios oficiales de esos propios países.

Eso por el lado de la empresa. Porque en relación al gobierno provincial, la liviandad con que se relatan en una gacetilla los supuestos pasos que dará la compañía, sin dedicar un renglón a explicar como el Estado verificará esa situación, da bastante vergüenza ajena.

Es inaudito cuando no inexplicable que ante un avance sobre la soberanía del país confirmada por el propio Ministerio de Defensa, la provincia donde está instalado el radar se limite a describir la voluntad de la empresa y a relatar sus deseos y manifestación de intereses.

Pareciera que la provincia se conformara con que Leolabs anuncie que retirará "ciertas partes electrónicas" (Dios nos libre de la precisión) y que pedirá la interrupción del suministro eléctrico. Insisto, el Estado provincial no puede ser comentarista de las actividades de una multinacional.

La única estrategia de la gestión Melella pareciera ser confrontar con las autoridades nacionales para discutir cuál es la jurisdicción competente para proceder al desarme de un dispositivo que jamás debió posarse sobre suelo fueguino.

Pero el tiempo a dejado en evidencia lo que muchos dijimos desde un principio: la empresa se constituyó en Ushuaia, la capital de Malvinas, con socios británicos, fue habilitada ambientalmente por un ministerio de la provincia, le proveyó electricidad la Dirección Provincial de Energía e Internet una empresa radicada en la Isla. Su representante es un abogado de la provincia y otras personas que además son asesores de una diputada nacional por Tierra del Fuego.

Es decir que hay más participación de la provincia que de la Nación en un asunto donde ahora el gobierno local no puede eludir su propia responsabilidad.

Esta será por siempre la gestión que permitió, impulsó y por ahora no impide el funcionamiento de un radar inglés, a 700 kilómetros de las islas cuya soberanía reclama el pueblo argentino.